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Gratuidad

08 Oct

Durante los últimos meses hemos escuchado a los estudiantes solicitar como una de sus demandas centrales “educación gratuita” para todos. Para muchos esta solicitud es un exceso. El propio Presidente de la República ha señalado expresamente que “nada es gratis en la vida”.

La pregunta que deseo formular, desde el punto de vista constitucional, es la siguiente ¿es cierto que los estudiantes estén realizando una solicitud que sea irreal o exagerada? La respuesta, en mi opinión, es negativa: el texto de la Constitución de 1980 favorece la solicitud de los estudiantes.

El texto actual de la Constitución señala, a consecuencia del derecho a la educación, que “la educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso de ellas de toda la población” (art. 19 Nº 10). Como se ve, es el texto de la Constitución, y no la demanda de los estudiantes, la que establece y exige la gratuidad de la enseñanza escolar.

Lo importante es saber ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

Como muchos sabrán la libertad de enseñanza se incorporó conjuntamente con el derecho a la educación a la Constitución de 1833, tras la reforma liberal de 1874. Este derecho se agregó, conjuntamente con los de reunión, asociación y petición, como reflejo y con el propósito de expresar derechos propios para la autorrealización en una sociedad democrática.

Las demandas sociales de principios del S. XX llevaron, entre otras cosas, a la presión para que la nueva Constitución -la de 1925- fuera explícita en materia de “derecho a la educación” y la correlativa obligación del Estado para proveerla. Los autores de la Constitución de 1925 se resistieron a reconocer la obligatoriedad de proveer educación gratuita, esencialmente porque ello implicaba significativos gastos para un Estado pobre (Arturo Alessandri), de manera tal que lo máximo que se podía reconocer en la Constitución era que “la educación pública es una atención preferente del Estado”, garantizando de paso la libertad de enseñanza y la exigencia de una Superintendencia de Educación (art. 10 Nº 7).

Como también se sabe, desde el arribo de Pedro Aguirre Cerda hasta la administración de Eduardo Frei Montalva, los Gobiernos se esmeraron por ampliar la enseñanza escolar, especialmente la básica que se había constituido legalmente en obligatoria. Pero serán los acontecimientos de 1967 los que provocarán un nuevo cambio constitucional en esta materia.

En efecto, tras el movimiento universitario de 1967, también conocido como “reforma universitaria”, existió una gran demanda por igualdad y democracia en el sistema educacional chileno y, en especial, en el sistema universitario, lo que dio origen a proyectos de ley que ingresaron al Congreso entre 1969 y 1971. Sin embargo, la importancia y trascendencia de estas demandas implicó que se aprovechara el denominado “Estatuto de Garantías”, para ampliar los derechos en el sistema educacional. Así la reforma constitucional de 1971 estableció, además del derecho a la educación y la libertad de enseñanza de las instituciones, la gratuidad de la enseñanza básica que había pasado a ser  obligatoria, la posibilidad de financiar entidades privadas que proveyeran educación gratuita y sin fines de lucro, el reconocimiento pluralista y democrático de la educación, así como el establecimiento de la autonomía universitaria a nivel constitucional, entre otras materias.

Tras el golpe militar, la propia Comisión de Estudios para la Nueva Constitución (1974-1978) discutió sobre la necesidad de imponer al Estado la obligación de proveer educación gratuita, siguiendo la ruta de la reforma de 1971. Como consta en las actas del debate, Jaime Guzmán era partidario de que el Estado proveyera educación sólo en términos subsidiarios; es decir, cuando la cobertura de los privados no fuera suficiente. Según las actas de la Comisión (sesiones 142 y 143) la mayoría de los comisionados se opusieron a tal fórmula y sostuvieron que en materia educacional el rol del Estado era insustituible, que le correspondía un rol central y que era inevitable destinar los recursos públicos necesarios para cubrir la educación de todas las personas. Los propios Comisionados estuvieron de acuerdo en que si bien, en teoría, una persona que puede pagar educación podría utilizar el sistema estatal gratuito, consideraban que era un costo que se debía asumir.

Si bien la Constitución de 1980 distinguió entre derecho a la educación y libertad de enseñanza, y la práctica constitucional ha confundido esta última con la “libertad de emprendimiento”, lo cierto es que ésta expresamente establece -y ese era su propósito- un sistema gratuito de enseñanza escolar.

Como se puede apreciar, la demanda de los estudiantes no tiene nada de exagerado. Ellos sólo nos han recordado que la Constitución impone un deber al Estado y un derecho a las personas: la gratuidad del sistema escolar, y que a ese derecho hemos llegado tras un siglo de discusiones sobre nuestras reglas constitucionales en materia educacional.

¿Tiene sentido esa regla de la Constitución? En mi opinión, todo el sentido del mundo. Los derechos cuestan dinero y no sólo los que implican prestaciones públicas; también la protección de la propiedad exige ingentes recursos. Sin embargo, mientras el gasto público en propiedad implica un beneficio que internalizan sólo los propietarios, los recursos destinados a educación son un gasto cuyo beneficio internaliza la sociedad completa; y lo que es mucho más evidente, implica un gasto que en el largo plazo se autofinancia, precisamente porque los que acceden a ella están en condiciones de financiar dicho gasto en el futuro. Siempre es posible recuperar las mayores ganancias privadas de una mejor educación (por ejemplo, salarios más altos) vía impuestos, que parece una forma razonable de exigir la redistribución social de ganancias, en contraposición a la segregación desde el inicio que supone un sistema de becas siempre insuficiente.

Mientras en el siglo 19 la regla de igualdad en educación estaba vinculada a la libertad de enseñanza, en el S. XX dicha regla se asoció a gratuidad y acceso universal, pareciera que el siglo 21 esta regla de igualdad exige la “garantía de calidad”. Lo que no debemos olvidar es que esas conquistas han sido consolidadas progresivamente, y las nuevas exigen el respeto de las pasadas.

Luis Cordero

http://elpost.cl/content/gratuidad

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