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ANTE LOS ANUNCIOS QUE 70 MIL ESTUDIANTES REPETIRÁN EL AÑO ESCOLAR

09 Oct

Hemos recibido con estupor las últimas declaraciones realizadas por el Ministro de Educación y el Presidente de la República sobre la cantidad de escolares que repetirán su año escolar debido a la prolongada movilización por la defensa de la educación pública.

“Son más de 70 mil los estudiantes que deberán repetir el año escolar tras no inscribirse en el programa de gobierno Salvemos el Año”, indicó el Ministro Bulnes a los medios de comunicación durante el fin de semana.

Con mayor asombro hemos visto cómo algunas autoridades comunales, afines al gobierno, buscan instalar más terror a los estudiantes y sus familias, pero sobre todo buscan instalar en la opinión pública que la movilización histórica de la que han sido parte estos estudiantes coartaría la posibilidad de tener una buena educación a otros niños, niñas y jóvenes, que buscan alternativas de educación en los establecimientos “emblemáticos” de las comunas de Santiago, Providencia y Ñuñoa.

Los alcaldes Labbé, Zalaquett y Sabat ya han esbozado que es poco probable que puedan abrir matrículas para el periodo lectivo 2012, debido a que deberán contener a los estudiantes repitentes del año en curso.

Tan grande es la presión que buscan incubar en los estudiantes y sus familias, que el propio Alcalde Labbé indicó al diario La Tercera que “como no vamos a tener la capacidad de atender a todos los repitentes, entonces se podrán quedar en nuestros colegios los (estudiantes) que sean de la comuna. El resto se los voy a entregar al Ministerio, y ahí verán qué hacen; me imagino que tendrán que irse a estudiar a sus municipios”.

El descriterio mostrado por las autoridades no es aceptable y devela que la única preocupación es política y no tiene relación con el fortalecimiento de la educación de los miles de niños, niñas y jóvenes que hoy se encuentran luchando por una mejor educación para el país, sino instalar una nueva cuña con la que pretenden debilitar al sólido movimiento por la educación.

No existe en las palabras de las autoridades, centrales ni comunales, un interés real en los aspectos pedagógicos, ni en la forma en que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla de forma efectiva y real, ni en que los procesos educativos que se desenvuelven y culminan con los aspectos establecidos en el currículum, tanto verticales como transversales, sean abordados integralmente. Sólo existe una preocupación por cumplir con estándares mínimos y entregar el dato de que serán 70 mil los estudiantes que repetirán de curso, sin reflexionar sobre las condiciones en las que el resto de los educandos cumplirán con los trámites para aprobar el año lectivo.

La decisión tomada por el Gobierno con el programa “Salvemos el Año Escolar”, sumado a las últimas declaraciones del Alcalde Labbé de Providencia, Zalaquett de Santiago y del mismísimo Presidente de la República, ratifican lo vertido anteriormente por el Departamento de Educación y Perfeccionamiento del Colegio de Profesores, en un documento donde cuestionábamos este programa, ya que adolece de fundamentos jurídicos y está lejos de ser una medida pedagógica pertinente y coherente. Señalábamos que era una medida política y autoritaria para dividir, debilitar e introducir desavenencias al interior del Movimiento Estudiantil, sobre todo en el de Enseñanza Media.

Desde el punto de vista Jurídico, el Programa “Salvemos el Año Escolar” del Ministerio de Educación, no tiene ningún sustento legal. Por el contrario, este programa viola de manera arbitraria:

A) La autonomía educativa y las decisiones técnico-pedagógicas del proceso de enseñanza-aprendizaje de las Comunidades Educativas, debido a que los Exámenes Libres son materia de los Manuales de Evaluación y Promoción de cada escuela, establecidos en los Decretos nº 511 de 1997 (enseñanza básica), 112 de 1999 (primero y segundo medio) y 83 de Marzo de 2001 (tercero y cuarto medio), presentado y validado por sus respectivos Departamentos Provinciales de Educación.

B) Heterogeneidad de los Manuales de Evaluación y Promoción, ya que no todos los instrumentos antes señalados tienen las mismas características, como tampoco el porcentaje o ponderación del valor de las calificaciones (nota del examen final), ni menos el número total de éstas, pues además, existe gran cantidad de establecimientos que no contemplan el Examen Final como instrumento de evaluación. Entonces, ¿cuál será el valor porcentual de los Exámenes Finales para cada Establecimiento, si el número de calificaciones es diferente entre unos y otros? En aquellos establecimientos donde no existan calificaciones, ¿el Examen Final ponderara un valor de 100%? Este procedimiento no sólo es ilegal, sino también ilegítimo, pues, en estricto rigor, esto es lo más parecido a los Exámenes Libres, como si los alumnos(as) no hubiesen asistido ningún día a clases después del 30 de abril del 2011. Pero también es cierto que, si son retirados antes del 30 de octubre por sus apoderados, tampoco repiten. Al parecer al Gobierno sólo le basta con utilizar subterfugios legales con fines políticos, sin embargo la tarea de educar, formar, enseñar y aprender es algo más complejo e infinitamente más ético.

Por lo expuesto, rechazamos lo dicho por el Ministro Bulnes y el Presidente Piñera, y creemos, por todos los antecedentes existentes, que son ellos los que tienen la potestad de resolver el problema del cierre del año académico. Ya se les expresó por parte del movimiento por la educación, la posibilidad de ampliar los plazos para el cierre de los semestres lectivos. Todos conocemos la respuesta, un rotundo NO que sólo es motivado para ejercer más presión al movimiento, apelando a la lógica del desgaste.

Insistimos en que la resolución del conflicto que ya lleva cuatro meses, así como la recalendarización del año lectivo, entre otros, debe ser materia de trabajo con los actores directamente involucrados. Los docentes estaremos siempre disponibles para estar todo el tiempo que sea necesario en el proceso de recuperación posterior del año, proceso que debe ser integral y no sólo una formalidad.

Por último reafirmamos, tal como nos dijo Henry Giroux, que “los educadores necesitan legitimar a las escuelas como esferas públicas democráticas, como lugares que proporcionan un servicio público esencial para la formación de ciudadanos activos, con objeto de defender a éstos del hecho de que desempeñen un papel central en el mantenimiento de una sociedad democrática y de una ciudadanía crítica”.

Septiembre de 2011

Declaración Pública sobre cierre año escolar. Colegio de Profesores.
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Publicado por en 9 octubre, 2011 en Declaraciones Públicas

 

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