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Archivo de la categoría: Editorial Prensa

Los costos de un año académico perdido

Resulta difícil dimensionar el daño infligido a la formación de miles de niños y jóvenes por la falta de clases durante gran parte del 2011.

EN LOS MESES que se ha prolongado el conflicto estudiantil a nivel escolar y universitario, la discusión pública ha abordado distintos aspectos del sistema educativo y sus problemas. Sin embargo, llama la atención el poco espacio y tiempo que se ha dedicado a dimensionar los efectos de largo plazo que inevitablemente tendrán la pérdida de clases y la alteración del calendario académico en la formación de la actual generación de estudiantes. A causa de las tomas de colegios y universidades, decenas de miles de alumnos no han estudiado las materias ni han adquirido los conocimientos correspondientes a esta etapa de su formación, como tampoco han sido expuesto a las metodologías de enseñanza que son parte integral del proceso de aprendizaje. Según el gobierno, sólo los escolares repitentes sumarán más de 40 mil este año, pero sería ingenuo suponer que aun quienes participen y aprueben en los programas de urgencia implementados a última hora para “salvar” el año académico no tendrán grandes vacíos en su formación, que serán aún más difíciles de llenar en el futuro a causa del inevitable rezago en su proceso educativo respecto de quienes han asistido a clases normalmente. Resulta difícil dimensionar adecuadamente el perjuicio que esto significa para esos estudiantes, sus familias y el país.

Las respuestas de las autoridades, tanto las del gobierno como de las universidades agrupadas en el Cruch, han sido esencialmente formales, más dirigidas a resguardar una apariencia de normalidad académica que a tratar el fondo del problema. El programa “Salvemos el año escolar” y otros mecanismos excepcionales de recuperación de clases son paliativos de última instancia, que ya han sido comprensiblemente criticados por la forma apresurada y superficial en que enseñan los contenidos, consecuencia inevitable de la presión por impartirlos en plazos reducidos. Cabe suponer, además, que si estos planes son implementados con criterios normales de exigencia académica, un porcentaje relevante de quienes se inscriban no debiera aprobar, pues son jóvenes que no han estudiado la materia por el tiempo necesario para aprenderla realmente.

En las universidades, todo sugiere que la preocupación de los rectores por cerrar el semestre académico no ha estado inspirada principalmente por consideraciones educativas, sino por la posibilidad de perder recursos estatales cuya entrega está condicionada a plazos estrictos. Lo cierto es que esos estudiantes darán exámenes y pasarán cursos sin haber cumplido las etapas y los requisitos de un proceso educativo normal, con lo cual su formación será de peor calidad.

Es evidente que los principales responsables de esta situación son quienes han tomado ilegalmente colegios y universidades, paralizando las clases, pero también tienen responsabilidad quienes los han apoyado en esas medidas de fuerza, especialmente los rectores del Cruch y los políticos de oposición que han justificado las movilizaciones o participado en ellas. También el gobierno, al no ejercer debidamente su autoridad para impedir o poner fin a tomas que desafían la legalidad, debe asumir la responsabilidad por las consecuencias. Lo que ha sucedido este año es un golpe que afectará la calidad de la educación -sobre todo la pública, lo que es paradójico en vista de las demandas estudiantiles-, pero también el prestigio de las universidades y colegios tomados, que probablemente perderán alumnos como resultado. El daño de largo plazo para el país será considerable.

Editorial, La Tercera

http://www.latercera.com/noticia/opinion/editorial/2011/10/894-398045-9-los-costos-de-un-ano-academico-perdido.shtml

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Publicado por en 11 octubre, 2011 en Editorial Prensa

 

Ruptura de la mesa de diálogo y futuro del conflicto

El quiebre de las conversaciones entre gobierno y estudiantes confirma que ésta no fue una instancia útil y obliga a las partes a definir posiciones.

LA RUPTURA de la mesa de diálogo entre el gobierno y los dirigentes estudiantiles abre una nueva etapa en el prolongado conflicto por la educación. La decisión de los secundarios y universitarios de abandonar la instancia ha terminado por ratificar que es muy difícil sostener conversaciones con grupos que exhiben un nivel muy alto de intransigencia y obliga a cada una de las partes a tomar decisiones respecto de la actitud a seguir en el futuro.

Para nadie puede resultar una sorpresa el quiebre de la mesa. Desde el momento en que el gobierno accedió a alterar el orden propuesto de los temas en debate, poniendo en primer lugar la gratuidad de la educación, era previsible que el enorme grado de desacuerdo se tradujera en un rápido final para la instancia. La exigencia de gratuidad total formulada por los alumnos supone la adopción de compromisos inabordables para el Estado. Una educación universitaria sin costo para los alumnos representaría un gasto de US$ 3.600 millones anuales. Si la gratuidad se extendiera a toda la educación superior (incluyendo también a los centros de formación técnica y los institutos profesionales), el monto subiría a US$ 4.500 millones anuales. Además del gigantesco gasto, una reforma como la propuesta por los estudiantes supondría romper con el criterio rector de la política social chilena de las últimas décadas: la focalización. Esta ayuda a hacer más eficiente el gasto social, al promover que reciban transferencias desde el Estado sólo aquellos que realmente las necesitan, aspecto que no se cumpliría en caso de una gratuidad indiscriminada.

El reclamo estudiantil ha tenido la virtud de poner en el centro de la discusión temas como la calidad, el acceso y el financiamiento de la educación. Las soluciones que se propongan para corregir los problemas existentes deben ser financiables y justas. La exigencia estudiantil de educación gratuita no es ni lo uno ni lo otro.

Rota la negociación, los actores deben escoger cursos de acción. El conflicto ha llegado a un punto en que las partes involucradas deben adoptar definiciones clave que determinarán el futuro del mismo. Por un lado, están los dirigentes estudiantiles, quienes parecen sentirse más cómodos en la calle -las marchas de ayer lo confirman- que en la mesa de diálogo. Sus herramientas son la consigna y la movilización, aunque ello conduzca a una situación extremadamente difícil para los planteles universitarios, los colegios y los propios alumnos, que, con cada día que pasa, ven cómo se acrecienta el riesgo de la pérdida del año académico. Es necesario ver si esta situación termina por poner presión sobre dirigentes que muestran un alto grado de intransigencia y que durante las próximas semanas enfrentarán procesos eleccionarios en sus federaciones.

El gobierno, por su parte, debe tratar de volver al camino legislativo que suspendió al iniciar el diálogo con los alumnos. Se ha perdido mucho tiempo debido a la falta de determinación del Ejecutivo, que ha adoptado y desechado vías de acción sin hasta ahora tomar un rumbo fijo ni estable. No es suficiente para La Moneda apostar sólo a un incierto desgaste de las protestas, sino que resulta necesario también que adopte una actitud proactiva para darle una salida al conflicto, incluso si ello implica enfrentar políticamente al movimiento estudiantil y sus líderes, estrategia que hasta el momento nadie se ha atrevido a seguir.

Editorial, La Tercera

http://diario.latercera.com/2011/10/07/01/contenido/opinion/11-86014-9-ruptura-de-la-mesa-de-dialogo-y-futuro-del-conflicto.shtml

 
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Publicado por en 9 octubre, 2011 en Editorial Prensa

 

Un callejón sin salida

Dominado por una  visión autoritaria de la solución del conflicto educacional y sin ninguna habilidad ni empatía para manejar temas complejos ni situaciones de crisis, el actual gobierno ha hecho retroceder la paz social del país al nivel más preocupante desde que se recuperó la democracia en 1990.

En todas partes la paz social no es producto sólo de la fuerza legítima de que está investido el Estado, sino principalmente por la adhesión de sus ciudadanos a procedimientos institucionalizados y conductas que valoran el diálogo como fuente del sentido común acerca de las cosas. La fuerza siempre será la última razón en una sociedad democrática.

En nuestro país, la educación, combustible central de las movilizaciones sociales, carece hace mucho de un sentido común para toda la sociedad y, justo es decirlo, ello no es responsabilidad solo de este gobierno. Lo que sí es claro que entre la satisfacción de la derecha por el modelo de gestión educacional heredado de la dictadura y la baja convicción de los gobiernos de la Concertación  para haber enfrentado los costos políticos de una reforma educacional profunda, tarde o temprano los problemas iban a reventar por fuera de la agenda política.

El conflicto actual es en realidad una continuidad de aquel producido el año 2006, donde fuera de toda previsión y de la mano de los actores más débiles del sistema educativo, los estudiantes secundarios, el tema se  introdujo en la agenda política del gobierno de Michelle Bachelet.

La lección es que si esta misma generación vuelve a ser derrotada y se va frustrada para su casa, será una victoria pírrica, tanto para el gobierno como para el Estado de Chile. Esa generación no tendrá ningún motivo de adhesión por las instituciones del Estado y dentro de 5 o 10 años se va a aplicar a demoler todo vestigio de lo que le moleste o no esté de acuerdo, sin consultar con nadie, por fuera de la política y sin mayor contemplación por los procedimientos legales.

 Hoy son los mismos actores generacionales, con nuevos dirigentes, más experimentados y con demandas temáticas que ya sobrepasan largamente lo meramente educativo. La experiencia de haber logrado entonces cambiar la LOCE por la LEGE para que luego todo siguiera igual, les produjo no desesperanza, sino la convicción de que debían negociar desde la fuerza.

Solo así se explica que hoy exista una mesa de diálogo a la que todos llegan con las pistolas cargadas. El gobierno enviando leyes penales al Congreso, los estudiantes movilizados horas antes de conversar,  en marchas públicas.

Sin embargo, la lección es que si esta misma generación vuelve a ser derrotada y se va frustrada para su casa, será una victoria pírrica, tanto para el gobierno como para el Estado de Chile. Esa generación no tendrá ningún motivo de adhesión por las instituciones del Estado y dentro de 5 o 10 años se va a aplicar a demoler todo vestigio de lo que le moleste o no esté de acuerdo, sin consultar con nadie, por fuera de la política y sin mayor contemplación por los procedimientos legales. La victoria de hoy del gobierno puede ser la derrota estratégica del Estado mañana si prevalece el mensaje que, aparentemente de manera inconciente impulsa el gobierno: junten rabia.

En Chile ha habido un esfuerzo grande en el pasado, de todos los sectores, por dotar al sistema político de mecanismos de diálogo, que desactiven los automatismos de violencia que antaño lo llevaron a verdaderas tragedias sociales. Que llevaron no solo al Golpe de Estado de 1973, y  sus enormes secuelas de violencia inducida por agentes estatales, sino también a la primacía de las concepciones de que solo la lucha y la calle da lo que las leyes niegan en vastos ambientes juveniles. Porque el desafecto democrático nunca es unilateral sino también el resultado de una mala educación cívica práctica.

En todas partes son los gobiernos, de cualquier signo que sean, los que tienen la primera obligación de sentar a sus ciudadanos a conversar sus demandas, y de generar las mejores condiciones para que ello ocurra. Más aún si tales demandas, como ocurre con la educación en Chile, expresan un sentido social y valores de fuerte connotación comunitaria y tienen el apoyo de la mayoría.

Los gobiernos son entes políticos representativos, y pese a la variedad de orientaciones doctrinarias que puedan tener, se constituyen para la gestión de la sociedad hacia el bien común. Jamás pueden transformarse en sistemas gerenciales o empresariales fríos, que tratan a sus ciudadanos como consumidores y los envían  a una oficina de reclamos cuando protestan por algo.

Lo que está ocurriendo y los procedimientos en práctica son educación cívica. Por ello no parece razonable transformar el escenario en un callejón sin salida, ni  responsable hacer de la negociación un acto de humillación y escarmiento de los jóvenes. Eso es exactamente lo que deteriora los contextos sociales y, a la larga, lesiona la cohesión del país.

Editorial, El Mostrador

http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/07/un-callejon-sin-salida/

 
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Publicado por en 9 octubre, 2011 en Editorial Prensa

 

Después del quiebre, ¿cómo es la agenda?

El diálogo entre el Gobierno y los estudiantes y el Colegio de Profesores se ha roto. Pese a que el ministro de Educación mantiene abiertas las puertas a su reanudación, parece difícil que se retome en un futuro próximo. En cierto modo, este quiebre define posiciones, y sólo corresponde, pues, que en adelante el Ejecutivo plantee su agenda con más asertividad.

En educación superior, él ha desplegado lineamientos generales y enviado dos proyectos de ley: el primero busca la renegociación para egresados morosos que se encuentran en Dicom y que, en su momento, fueron beneficiarios del crédito solidario (que reciben los estudiantes que asisten a las universidades del Consejo de Rectores), y el segundo reduce al dos por ciento la tasa de interés del crédito con aval del Estado. Indudablemente, estas iniciativas deben complementarse con otras, pues en este nivel su agenda aún es muy insuficiente. Adicionalmente se han ofrecido becas para los estudiantes provenientes del 40 por ciento de los hogares de menores recursos, y una combinación de becas y crédito para el siguiente quintil, pero sin especificar la articulación de ambos financiamientos. Tampoco es claro qué sucederá si se produce una brecha entre los financiamientos y los aranceles efectivos de las carreras. Persisten dudas en cuanto a cómo se protegerá a quienes se endeuden y, una vez egresados, tengan ingresos muy reducidos en un año en particular o durante su vida laboral. Si estas circunstancias ocurren, no es razonable que estén financieramente colapsados por una deuda contraída mientras estudiaban.

En lo más conflictivo, si bien desde una perspectiva de justicia el Gobierno está en lo correcto al negarse a satisfacer gratuidad total, su propuesta en financiamiento del acceso a la educación superior parece aún menguada. También ha postulado apoyar la excelencia en este nivel, y al respecto son positivos los aumentos en los aportes a Conicyt, pero esa estrategia es insuficiente para conseguir tal objetivo.

En educación escolar la agenda es más precisa y en este campo se han producido avances valiosos. Importantes leyes se han aprobado en el Congreso, y ahora procede su implementación. Asimismo, avanza la tramitación del proyecto que eleva los valores de la subvención escolar preferencial y asegura un uso más flexible de los recursos. Menor avance registra aquel que establece un examen de habilitación para la profesión docente. El Gobierno está comprometido a presentar en los próximos meses iniciativas para fortalecer la educación pública y crear una nueva carrera profesional docente que deje definitivamente atrás el estatuto actual y atraiga y retenga a profesores de excelencia.

Si el Gobierno logra articular adecuadamente todas estas iniciativas y las acompaña de los recursos pertinentes, habrá producido un cambio importante en la educación escolar chilena. No obstante, curiosamente, ha transmitido con muy poca convicción los cambios que está realizando en este sector, y para la población es difícil formarse una imagen de cómo ellos afectarán la calidad y equidad de nuestra educación escolar.

Menos claros son sus propósitos en educación preescolar y técnico-profesional. Ellos forman parte de su programa.

La autoridad también ha anunciado el envío de un proyecto de ley que crea una superintendencia que vele por el cumplimiento de la normativa vigente, particularmente en lo que respecta a la finalidad de las universidades. Además, prevé una revisión del sistema de aseguramiento de la calidad y nuevas regulaciones para asegurar eficacia en la provisión del servicio educacional, atendida la heterogeneidad que se observa en la oferta de educación superior. Sin embargo, tampoco hay claridad respecto de cómo se articularían estos cambios y qué objetivos precisos perseguirían. Es evidente que falta aquí una agenda más concreta y afinada, que debería explicitarse y explicarse a la ciudadanía lo antes posible.

Editorial, El Mercurio

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/10/07/despues-del-quiebre-como-es-la.asp

 
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Publicado por en 9 octubre, 2011 en Editorial Prensa

 

Iniciativa del gobierno para castigar desórdenes públicos

No basta con proponer un endurecimiento de las sanciones contra quienes causan desórdenes; también debe existir la voluntad de aplicarlas.

EL ANUNCIO, por parte del Presidente de la República, del envío al Congreso de un conjunto de reformas legales con el propósito de endurecer las sanciones penales contra los que protagonicen desórdenes públicos, ha despertado una aguda controversia sobre la oportunidad y procedencia de los cambios. Aunque las medidas del Ejecutivo apuntan en la dirección correcta de restablecer un sentido de autoridad que se ha ido diluyendo en los últimos meses, es necesario saber si La Moneda se encuentra realmente dispuesta, en el caso de que el Congreso apruebe la legislación, a invocarla y a solicitar a los tribunales que hagan caer el peso de sus disposiciones contra los eventuales infractores.

No cabe duda que una serie de fenómenos ocurridos en el último tiempo ha contribuido a crear un ambiente propicio para que grupos de violentistas, que a menudo actúan encapuchados, hayan atacado a Carabineros, saqueado comercios, protagonizado desmanes y provocado numerosos destrozos a la propiedad privada y pública. Al mismo tiempo, decenas de colegios y sedes universitarias han sido ocupados ilegalmente por sus alumnos, en tomas que en algunos casos se prolongan por meses y han provocado grave daño a las instalaciones afectadas. Aunque es verdad que en no pocas ocasiones, como señaló el Presidente de la República el domingo, el Ministerio Público y los tribunales no actúan con el celo que debieran para perseguir y sancionar a los culpables de acciones violentas, lo cierto es que, en general, estas situaciones no han encontrado de parte del gobierno una respuesta coherente. El Ejecutivo ha contribuido a minar su propia autoridad al, por ejemplo, no ser capaz de hacer respetar los trazados definidos para las marchas estudiantiles, prohibir por algunos días a Carabineros el uso de bombas lacrimógenas para enfrentar a manifestantes o tomar distancia del alcalde de Providencia luego de que éste ordenara el desalojo de los liceos en toma en su comuna. Peor aún, con sus acciones y omisiones ha contribuido a generar un ambiente social en el que, como señaló el lunes el propio ministro del Interior, las minorías amenazan con secuestrar los derechos de las mayorías.

Constituye, por lo mismo, un cambio positivo que la autoridad ahora muestre disposición a castigar la acción de encapuchados, la confección, distribución y el uso de bombas incendiarias, y las tomas de recintos educacionales, o proponga la creación de un tipo penal específico para sancionar el saqueo. Las reformas propuestas al Congreso resultan, en ese sentido, oportunas y necesarias, toda vez que en muchos casos los tipos penales que castigan varias de esas conductas son poco específicos o difíciles de configurar ante los tribunales.

Cabe preguntarse, sin embargo, si una autoridad que se ha mostrado renuente a usar las herramientas hoy a su disposición para enfrentar los desórdenes públicos tendrá en el futuro la voluntad para aplicar una legislación mucho más fuerte, incluso si ello es impopular y resistiendo el apelativo de “autoritario” que desde ya ha sido lanzado desde la oposición y el movimiento estudiantil para describir la iniciativa. El hecho de que el lunes La Moneda haya salido a calificar el anuncio hecho sólo 24 horas antes, distinguiendo de manera confusa entre tomas violentas y pacíficas, sugiere que el fantasma de la falta de convicción sigue rondando en el Palacio de gobierno.

Editorial, La Tercera

http://diario.latercera.com/2011/10/05/01/contenido/opinion/11-85811-9-iniciativa-del-gobierno-para-castigar-desordenes-publicos.shtml

 
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Publicado por en 9 octubre, 2011 en Editorial Prensa

 

Para que un diálogo sea tal

El diálogo entre el Gobierno, los estudiantes y otros actores de la educación parece ir ganando espacio, pero dificultosamente, como con un exasperante “cuentagotas”, a veces sin mayor perspectiva de país. La Confech aceptó la instancia para ese efecto ofrecida por la autoridad, aunque no la vuelta a clases. El Gobierno anunció que espera que ésta se concrete hoy jueves y pidió dicho regreso.

El diálogo tiene ventajas y desventajas para todas las partes, pero a estas alturas parece ser la mejor vía para resolver un conflicto que se ha prolongado por demasiado tiempo. Las desconfianzas que caracterizan a nuestra sociedad han elevado los costos de este proceso, dificultando las conversaciones y extendiéndolas más allá de lo razonable, dado que en un conjunto de materias hay acercamientos importantes. Parecería creerse que éste es un “juego de suma cero”, en el que no hay ganancias para todos, sino sólo transferencias entre las partes. Es cierto que el Gobierno prometió que éste sería el año de la educación superior, y sus acciones no estaban en línea con esas declaraciones. También es evidente que el movimiento estudiantil fue comportándose de modo oportunista y, aprovechando el debilitamiento del Gobierno que mostraban diversas encuestas, aumentó sus demandas originales a temas que nada tenían que ver con la calidad e, incluso, con la gratuidad de la educación, como una nueva Constitución Política.

Por su parte, la Concertación decidió desconocer la labor realizada durante sus propios gobiernos y aceptó un cuestionamiento exagerado a su gestión en educación, reduciendo en la práctica su legitimidad en esta discusión y, de paso, haciendo difícil una deliberación sobre estos asuntos en el Congreso. Es curioso que mientras la voluntad de acuerdos y consensos ha sido muy útil en todas las demás dimensiones para arribar a convergencias, en educación esa posibilidad se haya diluido. Sin embargo, hay oportunidades de avanzar en reformas importantes que el país requiere, y para ello es preciso que las partes cedan en sus pretensiones y muestren disposición para eso, porque a pesar de que las posibilidades de diálogo han aumentado, no son definitivas.

El punto que predeciblemente tensará la mesa en sus inicios será la normalización de las actividades académicas. El ministro Bulnes sostuvo que este punto se discutirá en la primera reunión. Debe reconocerse que el Gobierno ha demostrado una voluntad real de diálogo, cuidando de no pasar por sobre la legitimidad democrática que le confiere su triunfo en las urnas hace poco más de un año y medio. En todo caso, mal habría podido acceder a la inusitada petición de la Confech de tener trato y participación privilegiada en la Ley de Presupuestos.

Por eso, cuesta entender la postura del movimiento estudiantil. En este momento parece más razonable establecer cautelas a partir del diálogo que se vaya produciendo que por la vía de imponer más costos a las instituciones y estudiantes que dice representar. También es de recordar que ahora viene la discusión presupuestaria para 2012, uno de cuyos focos va a ser educación. De hecho, la Confech quiere participar en ella y priorizar las materias ligadas al Presupuesto Nacional. Cabe suponer que será prolongada, por el impacto público que tendrá y porque delineará algunos aspectos cruciales del sistema de educación superior. Es probable, pues, que se resuelva a fines de los plazos legales, esto es, hacia el 12 de diciembre. La vuelta a clases no puede estar sujeta a los vaivenes de esta discusión, tanto menos cuanto que las instituciones de educación superior, con el visto bueno del Gobierno, han anunciado que brindarán facilidades para permitir movilizaciones.

Para que una mesa de diálogo pueda prosperar necesita tener oportunidades razonables de concretar avances, lo que supone que las partes las promuevan de buena fe con su mejor voluntad. La falta de compromiso con la vuelta a clases siembra dudas respecto del espíritu que anima a los estudiantes y, por tanto, reduce las probabilidades de éxito constructivo de estas conversaciones.

Editorial, El Mercurio

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2011/09/29/para-que-un-dialogo-sea-tal.asp

 
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Publicado por en 9 octubre, 2011 en Editorial Prensa

 

El costo predecible de la paralización estudiantil

Que 70 mil escolares repitan el año por la falta de clases es una consecuencia negativa que los estudiantes y el gobierno debieron evitar.

COMO consecuencia de más de cuatro meses de movilizaciones estudiantiles y tomas de colegios, alrededor de 70 mil alumnos de básica y media deberán repetir el año académico por no cumplir con los requisitos mínimos para aprobarlo. Es consecuencia también de no haberse acogido al programa “Salvemos el año escolar” dispuesto por el gobierno para ir en ayuda de unos 250 mil jóvenes, alumnos de los colegios paralizados a lo largo del país, y evitar así que se llegara a este resultado. La cifra representa cerca del 2% de una matrícula de 3,5 millones de alumnos. El porcentaje bien podría elevarse cuando den exámenes libres los cerca de 100 mil estudiantes que se inscribieron para hacerlo, pues cabe suponer que muchos de ellos pueden no haber adquirido por su cuenta los conocimientos requeridos para pasar de año. Se trata de un duro golpe para esos alumnos y sus familias, pero que es consecuencia directa de la vía escogida por los estudiantes para manifestar sus posiciones.

Desde luego, es un resultado lamentable, por la pérdida que esto significa en el proceso de preparación académica de esos miles de jóvenes, la que en muchos aspectos puede ser difícil de compensar en el corto plazo. Por ello, cuando se analiza la manera de evitar que se profundice este daño, lo que no cabe es considerar fórmulas que impliquen reducir los niveles de conocimiento requerido en cada nivel. Ello iría en directo perjuicio del objetivo final que es entregar a los alumnos una educación de calidad.

Si bien todos los sectores han reconocido que existen razones objetivas que justifican el malestar estudiantil por el estado de la educación chilena, es necesario tomar conciencia de que el derecho a expresar ese descontento no debe involucrar medidas de presión que, como los paros y las tomas, causan graves daños en quienes precisamente buscan mejorar su formación escolar. Corresponde también evaluar la actitud adoptada por el gobierno, el cual optó por tolerar desde un principio las tomas de los colegios, lo que se contrapone a su obligación básica de asegurar el derecho a la educación de los estudiantes. Además, esas tomas han significado en muchos casos graves desmanes y robos en los establecimientos, e incluso incidentes en que ha habido heridos y cuantiosas pérdidas materiales.

No se percibe a nivel escolar el tipo de problema que explique el alto costo que están pagando los alumnos que no quisieron asistir regularmente a clases durante 2011 ni inscribirse en el plan de emergencia diseñado por el gobierno, dados los avances que se venían dando en una serie de proyectos en esta área. Resulta ahora difícil entender que los escolares hayan paralizado clases en función de una agenda que incluye temas como exigir pase estudiantil para todo el año, desmunicipalización, mejoras en infraestructura para planteles golpeados por el sismo del 27/F y cambios en las condiciones de los liceos técnicos profesionales, muchos de los cuales, por lo demás, ya han sido abordados por iniciativas del Estado.

El fenómeno de la extendida repitencia de este año sin duda impactará la disponibilidad de cupos para el siguiente. Corresponde al Ministerio de Educación y a los municipios ver las fórmulas que permitan a todos los jóvenes recibir educación, pues éste es un derecho constitucionalmente garantizado. Asimismo, toca a los alumnos y sus familias recapacitar acerca de la gravedad de la actitud asumida y sus consecuencias.

Editorial, La Tercera

http://diario.latercera.com/2011/09/21/01/contenido/opinion/11-84265-9-el-costo-predecible-de-la-paralizacion-estudiantil.shtml

 
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Publicado por en 9 octubre, 2011 en Editorial Prensa