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Gran Acuerdo Nacional por la Educación

8 de julio de 2011


Gran  Acuerdo Nacional por la Educación:

Más  para Ganar que para Perder

El Gobierno planteó una ambiciosa propuesta que tiene como fin mejorar

el acceso, el financiamiento y la calidad de la educación superior de nuestro país. Aunque aún no se conocen los detalles, estos anuncios consideran

una importante inyección de recursos y un conjunto de medidas que apuntan en la dirección correcta, entre ellas, el acento de las becas para las carreras

técnico-profesionales. Además, plantea que se debata la alternativa de que coexistan universidades estatales y privadas con y sin fines de lucro.

Informe de la Comisión Corbo: Un Avance Hacia una Mejor Política Fiscal

Esta semana el Gobierno planteó una ambiciosa propuesta que tiene como objetivo mejorar tres aspectos importantes de nuestro sistema de educación superior: el acceso, el financiamiento y la calidad. Así, puso sobre la mesa un proyecto, que si bien aún no está definido en sus detalles, considera una importante cantidad de recursos y medidas que apuntan en la dirección correcta.

En primer lugar, se plantea la creación de un Fondo para la Educación, que compromete US$MM 4.000, es decir, equivalente a alrededor de 1,7% del PIB y un 35% del presupuesto de educación del año 2011, lo que representa un monto significativo. Sin embargo, los recursos por sí solos no aseguran una mejora. La propuesta aumenta en forma importante la cantidad de becas par la educación superior, así como los montos de éstas, y se propone perfeccionar el sistema de créditos para que el costo de estudiar sea más bajo y pueda ser solventado por alumnos de escasos recursos.

Se  ampliarán  las  Becas  Gómez  Millas  para alumnos  del  40%  más  pobre  con  probado mérito académico (más de 550 puntos en PSU y NEM1  sobre 5,5), de tal forma que puedan estudiar en la institución acreditada que ellos escojan. Por su parte, se aumentará de 70 mil a 120 mil las Becas Nuevo Milenio, dirigidas a estudiantes de carreras técnico profesionales, y su monto aumentará en un 20% (de $ 500.000 a $ 600.000 anual). Adicionalmente, para los mejores 4 mil estudiantes que ingresen cada año a carreras técnicas, la beca llegará hasta los $ 800.000 si se encuentran en el primer tercio, $ 750.000 si son del segundo tercio y $ 700.000 si son del tercero. En 2010 un 50% de los alumnos nuevos que ingresaron a la educación superior lo hicieron a Centros de Formación Técnica (CFT) o Institutos Profesionales (IP). Además, la mayoría de los estudiantes de segmentos socioeconómicos bajos están en este tipo de instituciones. Dado lo  anterior, y sumado a la demanda por técnicos en el mercado laboral, es  positivo que se apoye a alumnos de este tipo de enseñanza, que han estado en desventaja frente a los de universidades.

Por otro lado, se propone la creación de Becas de Nivelación Académica para  mil alumnos seleccionados entre el 5% mejor egresado, para que reciban un año de nivelación  universitaria  en  caso  de  provenir  de establecimientos de peor nivel. Esto es fundamental, pues es una forma de prevenir la deserción de los estudiantes que no logran nivelarse y que no consiguen un buen rendimiento. Al respecto, se debería incentivar a las instituciones a que realicen este tipo de programas, pues ellas se ven beneficiadas directamente de que sus alumnos permanezcan y terminen sus estudios (actualmente la tasa de deserción es del orden del 46% en universidades y 56% en educación técnico profesional).

La propuesta del Gobierno también considera una reducción de la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado (CAE) desde el actual 5,8% a un 4%, así como la elaboración de un adecuado seguro de desempleo. Para esto se ampliará el mercado de financiamiento y se reducirá  el requerimiento de capital. Actualmente los créditos entran en la categoría de alto riesgo, siendo que en un 90% son respaldados por el Estado, por lo que en la  práctica no se debiera exigir tanto capital como respaldo. Al respecto, no parece un desafío tan grande el bajar la tasa de interés, pues puede  ser una consecuencia directa de aumentar la competencia y transparencia del sistema. Lo que sí es un desafío, es que se incentive la no morosidad y el pago anticipado de la deuda; se ha determinado que la condición de morosidad no varía entre prestatarios de diferentes antecedentes educativos ni nivel socioeconómico, lo que sugiere que el problema se da por la administración y falta de información del programa2. Para estudiar y mejorar este sistema de créditos, se convocará a un grupo de trabajo.

En cuanto al Crédito del Fondo Solidario (FS), se reprogramarán las deudas de 110 mil morosos, para que puedan pagar y salir de DICOM. Se perfeccionará el sistema y se incorporarán incentivos a las instituciones para mejorar la recuperación y el pago de créditos. En este sentido, el FS cuenta con un importante problema en su diseño que provoca que los estudiantes no absorban todo el costo del crédito, pues se establece que el pago debe hacerse  en cuotas proporcionales al ingreso percibido el año anterior (5%) y en un plazo máximo de 12-15 años para pagarlo. Esto significa que aunque el deudor tenga la intención de pagar su crédito por completo, si luego de 15 años el 5% de su ingreso no fue suficiente para cubrir la deuda, entonces no podrá seguir pagándolo y el crédito se habrá convertido en una beca ex-post, lo que de todas formas es ineficiente. De aquí que la recuperación de los créditos otorgados alcance sólo el 40% y en el mejor de los casos, es decir si los prestatarios devuelven los pagos regularmente, este porcentaje sólo alcanza el 60% de recuperación. Si queremos un sistema de créditos solvente, no sólo es requisito mejorar el CAE, sino también solucionar esta inconsistencia en la estructura de pagos del FS.

SITUACIÓN DE ACREDITACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Universidades Centros de Formación

Institutos

Profesionales

53 (90%) 14 (20%) 15 (34%)
6 (10%) 57 (80%) 29 (66%)

Fuente: Comisión Nacional de Acreditación, diciembre 2010. Servicio Información Educación Superior.

Además del tema del financiamiento, la propuesta del Gobierno considera medidas que buscan mejorar el acceso y la calidad de la educación. Es por eso que se plantea el fortalecimiento de la profundidad y rigurosidad del sistema de acreditación, así como transparentar la información académica, financiera y datos sobre la situación laboral de los egresados de  las instituciones educacionales (empleabilidad y remuneraciones). Con este fin se creará una Subsecretaría, para velar por la efectividad y transparencia del sistema, y una Superintendencia de Educación Superior, para fiscalizar y regular el funcionamiento de las instituciones y la rendición de cuentas. Estas medidas son necesarias porque dado el fuerte aumento de recursos y el importante número de instituciones, hay que asegurarse que la calidad de las instituciones que imparten educación amerite la recepción de fondo públicos.

En cuanto a la admisión, se plantea considerar además de la PSU y NEM, otros parámetros, como el ranking del alumno dentro de su curso. Esto se condice con la noción de que un alumno que se perfila como uno de los mejores de su clase, tiene un gran potencial para tener éxito en la educación superior, aun cuando provenga de un colegio de nivel académico bajo. Como es un hecho que la PSU no es en la práctica la que determina el acceso a la educación superior, pues los requisitos para ingresar a gran parte de las universidades privadas, CFT e IP no consideran un alto puntaje en la PSU, sino más bien sólo prueba rendida, es una buena medida que se de la alternativa de otros parámetros y que cada  institución pueda definir adecuadamente qué criterios de selección usará.

Por último, se propone una nueva institucionalidad de educación superior, distinguiendo entre universidades estatales, tradicionales no estatales y privadas no tradicionales. Para los planteles estatales se plantea un nuevo estatuto que flexibilice su gestión, modernice el gobierno universitario, que permita el endeudamiento a más largo plazo y que cree un fondo para su revitalización. Para las universidades privadas no tradicionales, se propone un debate para decidir la existencia de algunas con y otras sin fines de lucro.  Si se decide que haya lucro, entonces se tendrá que pagar impuestos sobre las utilidades, y la recaudación se destinará íntegramente a más becas y préstamos para los alumnos más vulnerables. En relación al debatido tema del lucro;  creemos que se debe dejar libertad para que el alumno escoja el tipo de institución, más allá de si ésta tiene o no fin de lucro, y no se debe prohibir  que quiénes aportan con instituciones de buena calidad la sigan impartiendo por el sólo hecho de que a su vez perciban utilidades. Sí es correcto y necesario transparentar el sistema y definir las reglas para cada tipo de institución.

El efecto macroeconómico del gasto propuesto es difícil de estimar sin conocer exactamente en qué plazo se gastarán los recursos, qué parte es transitoria (gasto por una vez) y cómo se gastarán. Un aspecto que debería incluir la propuesta es mejorar el proceso de recuperación de créditos. Sí es importante mencionar que un monto eficientemente gastado en educación genera un retorno social elevado, y desde este punto de vista puede contribuir a mejorar las perspectivas de desarrollo del país.

La propuesta por parte del Gobierno ya está hecha, y en los próximos días queda  esperar que quienes reclaman por una educación de calidad la valoren y se comience a trabajar en conjunto lo antes posible para realizar los cambios necesarios.

1  Notas Enseñanza Media.

2   Banco Mundial. “Informe sobre Programa de Crédito con Aval del Estado (CAE) de Chile”, marzo 2011.

 

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